Sinopsis Artículo 164

Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno. Las Salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Este artículo se ocupa del problema de la publicación y el valor de las Sentencias constitucionales. El poder judicial español se puso la venda antes que la herida. Y es lo que ha venido imperando desde entonces a esos efectos.

El citado artículo one hundred twenty.3 de la Constitución cube –recordemos- que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. El tribunal, formado por los magistradosMaría Emilia Casas Baamonde–presidenta del mismo y del Tribunal Constitucional-,Javier Delgado Barrio–expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial-,Roberto García Calvo y Montiel,Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Manuel Aragón ReyesyPablo Pérez Tremps, dijeron que no y lo argumentaron de forma muy clara. Era un caso de un ciudadano que, en proceso de separación, había sido acusado por su exmujer, de un delito de daños y otro de apropiación indebida de objetos de la casa que antes compartían.

Conforme al artículo forty six.2 de la LOTC si el recurso fuera promovido por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicara a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar con carácter preferente la interposición del recurso en el «BOE» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. A TENER EN CUENTA. En cuanto al ejercicio de sus funciones cabe recordar el deber de secreto profesional cuya vulneración se tipifica en el artículo 199 del C.P como delito, con condena de 1 a three años y multa de 6 a 12 meses, así como pena de presión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión por tiempo de 2 a 6 años, en caso de incumplimiento del deber de sigilo o reserva por parte de un profesional. El artículo 26 de la LOTC establece que la responsabilidad legal de los magistrados del TC se exigirá ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El artículo 165 de la CE dispone que ha de regularse todo ello mediante ley orgánica. Solo este criterio de integridad el sistema hace posible la existencia de una llamada cuestión prejudicial en un procedimiento en el que no se emitirá un juicio. Pero en ambos casos la llamada prejudicialidad constitucional y comunitaria hace referencia a disposiciones legales y no a la calificación de hechos o decisión sobre relaciones jurídicas controvertidas.

Prueba Aportación De Pruebas En El Marco De Un Procedimiento Contencioso Administrativos No Aportadas En Vía Administrativa

El orden jurisdiccional penal es preferente (art. forty four LOPJ) de forma que el artwork. 10.2 exceptúa la regla basic de conocimiento con efectos meramente prejudiciales. Así, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente su contenido, determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca. La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo personase en el proceso constitucional, en el plazo de los quince días siguientes a dicha publicación, quienes sean parte en el procedimiento judicial en cuyo seno se ha promovido. Asimismo, el Tribunal ha de dar traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados, al Senado, al Fiscal General del Estado, al Gobierno y, en caso de afectar a una ley o disposición normativa con fuerza de ley de una Comunidad Autónoma, a sus órganos ejecutivo y legislativo para que puedan personarse en el procedimiento y formular alegaciones en el plazo de quinces días.

valor de cosa juzgada de las sentencias del tribunal constitucional

En el proceso civil pueden plantearse cuestiones que tienen relación con la que constituye el fondo del asunto, cuestiones que el propio tribunal podrá resolver, o no, bien por impedirlo el efecto de cosa juzgada positiva, bien por tratarse de cuestiones sometidas a otro orden jurisdiccional, con carácter exclusivo y excluyente. Se trata de las cuestiones prejudiciales, que no hay que confundir con el efecto prejudicial de la cosa juzgada que se acaba de ver. Se trata de cuestiones conexas con la cuestión de fondo que pueden estar atribuidas a la competencia de un tribunal del mismo o diferente orden jurisdiccional, pero que pueden dar lugar a un procedimiento y resolución independiente. Tampoco hay que confundir las cuestiones prejudiciales con las cuestiones incidentales. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.

Autor De El Derechoinicio De Sesión

Lo mismo sucederá si la incompatibilidad se diera por causa sobrevenida. La litispendencia es la situación y efectos que se producen con la presentación de la demanda, una vez que se haya sido admitida, según el artwork. 410 LEC, que en definitiva significa que el proceso se ha iniciado y está pendiente de resolución. El T.Supremo concluye que «los tribunales deben tomar en consideración los hechos declarados probados en resoluciones firmes dictadas por tribunales de una jurisdicción distinta, de modo que sólo pueden separarse de tales hechos exponiendo las razones y fundamentos que justifiquen tal divergencia.

Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que determinan los artículos siguiente. Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas. Cuando la Sala conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de los Jueces y Tribunales limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoció del procedimiento precedente para que, en plazo que no podrá exceder de diez días, remita las actuaciones o testimonio de ellas. Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso que ostenten un interés legítimo en el mismo.

164 CE y 38 y sixty one LOTC se deduce que los efectos de las Sentencias constitucionales pueden describirse alrededor de los conceptos de valor de cosa juzgada, eficacia erga omnes y vinculación a la doctrina del TC. “El acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas,podrá quedar restringidocuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter basic, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes”. En los tres casos, cualquier ciudadano puede acceder a las sentencias de los tres tribunales de forma directa a través de sus respectivos portales en Internet.

El artwork. 38.1 de la LOTC establece que las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. Impugnación de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CC.AA. Regula al respecto, los artículos 76 y seventy seven de la LOTC, que disponen para tal impugnación un plazo de dos meses desde la publicación de tal resolución o disposición, debiendo formularse conforme a los artículos sixty two y 67 de la LOTC, pudiendo hacerse uso de un requerimiento previo para la derogación o anulación de la norma impugnada. Este procedimiento de impugnación suspende la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que se dicte sentencia en plazo anterior.

La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmare que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella, no rectificare en el sentido que le hubiere sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional. A tal efecto, presentará escrito en el que se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas.

El Tribunal Constitucional podrá recabar de los Poderes Públicos y de los órganos de cualquier Administración Pública la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional. En tal caso, el Tribunal habilitará un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que éstas aleguen lo que a su derecho convenga. Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el conflicto de competencias se tramitará desde su inicio o, en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invocare la existencia de la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela common encomendada a los Tribunales de Justicia.